Es un atentado contra la razón que la víctima indemnice al agresor
Aquí en Bolivia y no por culpa de los bolivianos, suceden hechos que parecen, unas veces fantásticos y admirables y otras, absurdos y vergonzosos. Un acontecimiento que nos avergonzó e indignó profundamente, fue el contrato suscrito, hace cinco años, con una empresa preponderantemente extranjera, llamada Aguas del Tunari. Ofensa ante la que se levantó la mayor parte de la población cochabambina, fue una de las pocas acciones que contó con la participación de todos los sectores de la población.
El levantamiento que después fue denominado por los activistas, que no faltan en estas insurrecciones populares, como la Guerra del Agua, fue por tres motivos esenciales, desde el punto de vista de quiénes defendemos la dignidad, la soberanía y los intereses nacionales: a.- Un contrato ilegal, opuesto a normas de validez internacional. b.- Aumento abusivo, exaccionador del precio del agua, en más del trescientos por ciento y c.- Conducta despótica de los representantes de la empresa extranjera.



La responsabilidad de la ilegalidad de los contratos, en cualquier lugar del mundo, corresponde a todos los suscriptores. Los extranjeros cuando logran que los gobiernos nacionales violan la Constitución Política del Estado o leyes secundarias para otorgarles ventajas opuestas a la norma y a la moral, tienen que saber que son coautores o cuando menos cómplices de esa violación. Si los representantes o abogados de Bolivia no pudieron demostrar esta verdad irrefutable, es porque no estuvieron al servicio de la Nación
fuente.http://www.aguabolivia.org/hemeroteca/2006ENERO/09-15/indice.html