aguas turbias

Esta vez no nos referimos a las que inundan los campos ante la impotencia de funcionarios y campesinos, sino a la empresa Aguas del Tunari, la empresa que se adjudicó la distribución del agua potable en la ciudad de Cochabamba y que luego fue sacada a la fuerza en jornadas violentas que se denominó “La Guerra del Agua”. Entonces, las empresas matrices y sus socios anunciaron otra clase de guerra, esta vez en tribunales internacionales para que el Estado pagara cara la expulsión violenta que sufriera su filial cochabambina.

Durante largo tiempo se escribió, habló y especuló sobre lo que las arcas del Gobierno debían pagar 25 millones de dólares, era la suma que se mencionaba basándose de informaciones de la empresa.

Hasta que un día de diciembre del año pasado, apareció lo que pocos daban crédito a lo que leían: la empresa matriz de Aguas del Tunari aceptaba transferir todo su patrimonio al Estado boliviano, por el precio simbólico de 2 bolivianos.

No se necesitaba ser un “guerrero del agua” para comenzar a dudar de semejante benevolencia de empresas más grandes, incluso que algunos Estados donde invierten y que, por un larga historia de reclamos, arbitrajes y juicios internacionales, nunca han sobresalido por dejar de lado sus intereses.

Luego de la sorpresa, comenzaron las preguntas, la lectura atenta de los involucrados históricos y actuales del documento, y se encuentra que se publicó apenas una parte de un convenio, que todavía queda lejos de la vista general. Se denuncia que hay cláusulas confidenciales, que hay deudas de Aguas del Tunari que deben ser cubiertas por el Estado. En fin, se dicen muchas cosas que el firmante del convenio debe aclarar lo más pronto posible, es decir, el Gobierno boliviano.


Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia

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